EL ESTADO SERVIL

CONSERVANDO LOS RESTOS II

 

Décimo primer entrega

descarga

HILAIRE BELLOC

EL ESTADO SERVIL

Traducido por Bruno Jacovella (Buenos Aires 1945)

SECCIÓN NOVENA

COMENZÓ YA LA VIGENCIA DEL ESTADO SERVIL

En este capítulo último de mi libro, trato de la aparición efectiva del Estado servil en algunas leyes y proyectos que son hoy familiares a la sociedad industrial de la Inglaterra moderna. Estas “leyes y proyectos de leyes” son los datos patentes que abonan mi argumento y muestran que está fundado, no en meras deducciones, sino en la observación de los hechos.

Dos formas de esta prueba son evidentes; primera, las leyes y proyectos que someten al proletariado a un régimen servil; segunda, el hecho de que el capitalista, lejos de ser expropiado por los experimentos “socialistas” modernos, se ve confirmado en su poder.

Examino estas dos formas en su orden, y empiezo preguntando en qué leyes o proyectos se manifestó primero entre nosotros el Estado servil.

Una concepción falsa de nuestro tema podría inducir a fijar los orígenes del Estado servil en las restricciones impuestas a determinadas formas de industria manufacturera y en las correspondientes obligaciones impuestas al capitalista en favor de sus obreros. Las leyes industriales, como las vigentes en este país, parecerían suministrar un punto de partida a esta visión errónea y superficial de las cosas.

Y no hay nada de eso; tal visión es errónea y superficial porque deja de lado los elementos fundamentales del hecho. Lo que distingue al Estado servil no es la interferencia de las leyes en la actividad de un ciudadano cualquiera, aunque sea en relación a las cuestiones industriales, pues tal interferencia puede indicar, como puede también no indicar, la presencia del Estado servil. Por ejemplo, no indica en modo alguno la presencia de ese status cuando prohíbe que una especie determinada de actividad humana sea emprendida por el ciudadano en cuanto ciudadano.

Así, dice el legislador: “Se puede cortar rosas; pero en cuanto sepa que alguien se ha lastimado alguna vez con las espinas, lo haré poner preso, a no ser que las corte con tijeras de 122 milímetros de largo por lo menos; y nombraré mil inspectores para que recorran el país observando si se cumple con la ley. Mi cuñado estará al frente de la repartición con 2.000 libras de sueldo al año”.

Todos estamos habituados a ese tipo de leyes, y también a los argumentos en contra y a favor que se presentan en cada caso particular. Podemos considerarlas gravosas, fútiles, o beneficiosas, lo que sea, según los diversos temperamentos. Pero no entran en la categoría de las leyes serviles, porque no establecen distinción entre dos clases de ciudadanos, caracterizando a una y otra como legalmente distintas de acuerdo con un criterio de trabajo manual o de réditos.

Esto se aplica inclusive al tipo de reglamentaciones como las que obligan a una hilandería de algodón, por ejemplo, a disponer de no menos de tantos metros cúbicos por cada operario, y a establecer tales y cuales dispositivos de protección en las máquinas peligrosas. Estas leyes no se ocupan de la naturaleza, ni del monto, ni siquiera de la existencia de un contrato de trabajo.

Así, por ejemplo, la finalidad de una ley que obliga a rodear de una barandilla determinados tipos de máquinas es sencillamente la protección de la vida del hombre, con abstracción de que el hombre en tal modo protegido sea rico o pobre, capitalista o proletario. Estas leyes pueden tener por consecuencia en la realidad que el capitalista sea responsable del proletario; pero no responsable en cuanto capitalista, así como tampoco es protegido el proletario en cuanto proletario.

Del mismo modo, si yo soy propietario ribereño, la ley puede obligarme a colocar una defensa de una solidez establecida en todos los sitios donde el agua tenga una profundidad mayor que la establecida. Pero no puede obligarme a hacerlo si no soy el dueño de la propiedad. En cierto sentido, pues, esto podría designarse como el reconocimiento de mi status, porque, en virtud de la naturaleza del caso, la ley sólo comprende a los propietarios, y los propietarios serían obligados por ella a preservar la vida de los demás, sean o no propietarios.

Pero la categoría estatuida en esa forma sería meramente accidental. La finalidad y la forma de aplicación de la ley no tornan en cuenta distinción alguna entre los ciudadanos.

Un observador atento, ciertamente, podría descubrir en las leyes industriales algunos puntos, detalles y frases, que implican perspicuamente la existencia de una clase capitalista y otra proletaria. Pero nosotros debemos considerar tales leyes en su conjunto y el orden en que fueron sancionadas, sobre todo, los móviles generales y los términos que determinan cada ley principal, a fin de decidir si tales casos de interferencia constituyen o no un punto de origen.

La conclusión es negativa. Esa legislación puede ser en cualquier grado opresiva o necesaria, pero al no instaurar el status en lugar del contrato, no es servil.

Tampoco son serviles esas leyes que en la práctica se aplican a los pobres y no a los ricos. La ley exige, en teoría, que todo ciudadano haga impartir a sus hijos la instrucción obligatoria. La mentalidad vigente en la plutocracia, naturalmente, exime del cumplimiento de esta ley a todos los que sobrepasen un determinado nivel de riqueza. Pero la ley comprende a la generalidad de la nación, y todas las familias que vivan en Gran Bretaña (no en Irlanda) están sujetas a sus estipulaciones.

Éstos no son los orígenes. Un origen verdadero de la legislación servil y que atañe al status lo hallamos más tarde. El primer caso de legislación servil que se encuentra en el Registro de Leyes es el establecimiento de las Responsabilidades patronales en su forma actual.

No digo en modo alguno que esta ley haya sido sancionada, como comienzan a serlo las leyes modernas, con el fin directo de establecer un nuevo status, aun cuando fue sancionada con cierta consciencia por parte del legislador de que ese nuevo status se encontraba ya en vigor como hecho social. Sus móviles fueron meramente humanos, y el alivio que produjo pareció meramente necesario entonces; pero constituye también un ejemplo aleccionador del modo en que una ligera omisión de la doctrina estricta y una leve tolerancia de lo anómalo hacen posible la producción de grandes cambios en el Estado.

En toda comunidad había existido siempre, fundada en el sentido común, la doctrina legal de que si un ciudadano, en virtud de un contrato, se encontraba respecto a otro en posición tal que debía efectuar determinados trabajos para cumplirlo, y si tales trabajos irrogaban perjuicios a un tercero, el responsable no era su autor directo, sino el que indicó la realización del trabajo causante de los mismos.

La cuestión es sutil, pero también, como lo digo, fundamental. Por lo pronto, no implicaba distinción alguna de status entre empleador y empleado.

El ciudadano A ofrecía al ciudadano B una bolsa de trigo si éste le araba un terreno que podía producir o no más de una bolsa de trigo.

Naturalmente, el ciudadano A confiaba que iba a producir más, y esperaba un valor excedente, si no, no hubiera hecho el contrato con el ciudadano B. Pero, de cualquier manera, el ciudadano B firmó el convenio y, en su calidad de hombre libre, capaz de contratar, estaba también obligado a cumplirlo por su parte.

Mientras B está cumpliendo con su contrato, el arado que maneja destruye un tubo que, según convenio, conduce agua a C a través del campo de A. Aquél sufre un perjuicio, y para recuperar el equivalente del mismo sólo puede accionar, conforme a la justicia y el sentido común, contra A, pues B estaba trabajando de acuerdo con un plan e instrucciones de A. C es un tercero que nada tenía que hacer con tal contrato y, posiblemente, no podía obtener justicia sino de acuerdo con las probabilidades de que lo indemnizara A, verdadero autor del dañó involuntariamente causado, puesto que trazó el plan del trabajo de B.

Pero cuando el perjuicio no recae sobre C, en absoluto, sino sobre B, que está haciendo un trabajo cuyos riesgos conoce y asume voluntariamente, la cuestión cambia totalmente de aspecto.

El ciudadano A contrata con el ciudadano B que éste labrará un terreno por una bolsa de trigo. Tal operación implica determinados riesgos, que son conocidos. El ciudadano B, si es un hombre libre, asume tales riesgos con plena consciencia. Puede, por ejemplo, torcerse la muñeca al hacer girar el arado, o bien uno de sus caballos puede darle una coz mientras come su ración de pan con queso. Si, en virtud de tal accidente, A es obligado a indemnizar a B, una diferencia de status queda de inmediato reconocida. B se comprometió a efectuar un trabajo que, según todas las teorías del contrato libre, representaba con sus riesgos y su desgaste de energías, a los ojos de B, el equivalente de una bolsa de trigo; sin embargo, se sanciona una ley que dice que B puede obtener más que esa bolsa de trigo si se hace daño.

No existe un derecho correlativo de A contra B. Si el empleador sufre un perjuicio por ese accidente ocurrido a su empleado, no está autorizado a cercenar la bolsa de trigo, aunque ésta fue considerada en el contrato como el equivalente de cierta cantidad de trabajo por realizar, el cual, notoriamente, no ha sido realizado. A no tiene acción alguna contra B, a menos que éste sea culpable de negligencia o descuido. En otros términos, el mero hecho de que un hombre trabaje, y el otro no, es el principio básico en que se funda la ley, y ésta dice: “Usted no es un hombre libre que celebra un contrato libre con todas sus consecuencias. Usted es un obrero, y por consiguiente, un inferior: usted es un empleado; y tal status le confiere una posición especial que no sería reconocida en el otro contratante”.

Se extrema más todavía el principio cuando se responsabiliza al empleador de un accidente que le ocurre a uno de sus empleados por causa de otro empleado.

A da a B y D un saco de trigo a cada uno si le cavan un pozo. Las tres partes conocen los riesgos y los aceptan en el contrato. B deja escapar la cuerda por la cual bajaba D. Si los tres hombres tuvieran exactamente el mismo status, D tendría que accionar, evidentemente, contra B. Pero en la Inglaterra de hoy no tienen el mismo status. B y D son empleados, y se hallan, por tanto, en una posición especial e inferior ante la ley, si se los compara a su empleador A. La acción de D, en virtud de este nuevo principio, no se dirige ya contra B, que lo hirió accidentalmente mediante un acto personal —por involuntario que sea— del cual tendría que responder un hombre libre, sino contra A, que es inocente de todo lo ocurrido.

Ahora bien, en todo esto se muestra claramente que A tiene obligaciones específicas, no porque sea un ciudadano, sino porque es algo más: un empleador; y B y D tienen derechos especiales contra A, no porque sean ciudadanos, sino porque son algo menos: vale decir, empleados. Pueden reclamar protección a A, como los inferiores la reclaman a un superior en un Estado que admite tales distinciones y el patronato.

Al lector se le ocurrirá pensar en seguida que en nuestro régimen social vigente el empleado quedaría muy agradecido a tal legislación. Un obrero no puede ser indemnizado por otro —sencillamente porque el otro no tiene con qué responder a los perjuicios causados. ¡Que el rico cargue, pues, con el fardo!

Magnífico. Pero no se trata de eso. Tal argumentación equivale a decir que las leyes serviles son necesarias para resolver los problemas suscitados por el capitalismo; no por eso, empero, dejan aquéllas de ser leyes serviles, las cuales no podrían existir en una sociedad en que la propiedad estuviera bien repartida y en que un ciudadano pudiera indemnizar normalmente los daños que hubiere causado él mismo.

Fácilmente puede probarse cómo estas leyes se asientan sobre el concepto de status considerando dos casos paralelos, uno de los cuales se refiere a obreros, y el otro, a la clase de los profesionales.

Si yo me comprometo con un editor, en virtud de un contrato, a escribir una Historia completa del Condado de Rutland, y en la ejecución de tal labor, mientras examino algunos objetos de interés histórico, caigo en un pozo, no tengo acción alguna contra el editor. Pero si yo me visto con ropas ordinarias, y el mismo editor, cándidamente, me toma por un mes para que trabaje en la limpieza de sus estanques, en la cual faena me hiere un pez bravo, tendrá que oblar una multa en mi favor, sin ningún género de duda.

Este primer hilo de agua de la corriente, empero, aunque de considerable interés histórico como punto de partida, no es de importancia muy definida para nuestro estudio en comparación con la gran cantidad de proyectos posteriores, algunos de los cuales son ya leyes, otros a punto de serlo, y que reconocen en modo definido el Estado servil, el restablecimiento del status en lugar del contrato y la división universal de los ciudadanos en dos categorías: empleadores y empleados.

Estos últimos fenómenos merecen una consideración muy distinta, pues representarán para la historia la introducción consciente y deliberada de las instituciones serviles en el viejo Estado cristiano. No son “orígenes”, pequeñas señales de un cambio futuro que el historiador descubrirá trabajosamente como una curiosidad, sino los cimientos aceptados de un nuevo orden, planeado deliberadamente por unos pocos y confusamente admitido por la mayoría, como la base sobre la cual se levantará una sociedad nueva y estable en reemplazo de la inestable y pasajera etapa del capitalismo.

Tales hechos se dividen de un modo general en tres categorías:

1ª) Disposiciones en virtud de las cuales se mitigará la inseguridad del proletariado por obra de la clase patronal, o del proletariado mismo, que actuará bajo coacción.

2ª) Disposiciones en virtud de las cuales será obligado el empleador a abonar no menos de cierta cantidad mínima por todo trabajo que pueda comprar.

3ª) Disposiciones que obliguen a trabajar al hombre que no posea medios de producción, aunque no haya celebrado ningún contrato en tal sentido.

Los dos últimos, como veremos en seguida, se complementan.

Por lo que respecta al primero —disposiciones destinadas a paliar la inseguridad del proletariado—, tenemos un ejemplo en la legislación vigente hoy día. Tal ley —la ley de Seguros— (cuyo origen y móviles políticos no quiero discutir aquí) sigue las directivas de un Estado servil en todos sus detalles.

a) Su criterio fundamental es la ocupación. En otros términos, estoy obligado a afiliarme a un plan que me precave de los accidentes de enfermedad y desocupación, no porque soy un ciudadano, sino sólo si:

1) Cambio trabajo por mercaderías; y si

2) Recibo menos de una cantidad determinada de mercaderías por ese trabajo; o bien,

3) Soy un individuo común que trabaja con sus manos.

La ley excluye cuidadosamente de sus estipulaciones las formas de trabajo a que se dedican las clases educadas y, por tanto, poderosas, y además excluye de la obligación de trabajar a todos aquellos que por el momento ganan lo suficiente como para constituir una clase susceptible de ser considerada económicamente libre. Yo puedo ser un escritor de libros que, en caso de enfermar, deja en la mayor penuria a la familia que sostiene. Si el legislador tomara en cuenta las costumbres de los ciudadanos, yo tendría que estar comprendido con toda seguridad en la ley, bajo la forma de un seguro obligatorio agregado a mi impuesto a los réditos. Pero el legislador no toma en cuenta la gente como yo, sino solamente un nuevo status cuya presencia reconoce en el Estado, a saber, el proletariado. Se representa el, proletariado, no muy exactamente, como unos hombres pobres, o, si no pobres, de todos modos, como una gente vulgar que trabaja con sus manos, y legisla de acuerdo con eso.

b) Aun más notable como ejemplo de la sustitución del contrato por el status es el hecho de que esta ley pone la obligación de fiscalizar al proletariado y cuidar de que la ley se cumpla, no en manos del proletariado mismo, sino en manos de la clase capitalista.

Este punto tiene una importancia que no puede exagerarse.

El historiador futuro, sea cual fuere su interés en los primeros signos de la profunda revolución por la cual estamos pasando tan velozmente, se detendrá con toda certeza en este punto como hito cardinal de nuestros tiempos. El legislador que examina el Estado capitalista propone, para remediar algunos de sus males, el establecimiento de dos categorías de ciudadanos en el Estado, compele a los que están abajo a registrarse, pagar un impuesto et sic de coeteris, y además compele a los que están arriba a que sirvan de agentes para hacer cumplir tal registro y recaudar tal impuesto.

Nadie posiblemente que conozca la manera en que ocurrieron todos los grandes cambios del pasado —la sustitución del derecho del propietario romano a la tierra por la posesión, o la del siervo de la alta Edad Media por el labriego medioeval— puede equivocarse acerca de la significación de ese punto decisivo de nuestra historia.

Que llegue a su pleno desarrollo o que una reacción lo destruya, es otro asunto. El mero hecho de que sea propuesto es de la máxima importancia en la indagación que estamos llevando a cabo.

De los dos puntos siguientes la fijación de un Salario Mínimo y la Obligación de Trabajar (que, como he dicho, y lo mostraré en seguida, se complementan), ninguno se ha presentado aún en la legislación positiva, pero ambos están en proyecto, ambos elucidados, ambos tienen poderosos abogados y ambos se encuentran a punto de convertirse en leyes.

La fijación de un salario mínimo, con una suma fijada en modo preciso por ley, todavía (septiembre de 1912) no se ha incorporado a nuestra legislación, pero ya se ha dado el primer paso en tal sentido con la sanción legal de algunos hipotéticos salarios mínimos a que se llegará tras discusiones en una rama determinada de la economía. Tal rama, naturalmente, es la industria minera.

La ley no dice: “Ningún capitalista pagará a un minero menos de tantos chelines por tantas horas de trabajo”, sino: “En habiendo llegado las comisiones locales a fijar cifras, todo minero que trabaje dentro de la jurisdicción de cada comisión puede exigir, fundado en la ley, la suma mínima establecida por tales comisiones”.

Evidentemente, es fácil y natural el tránsito de este paso al siguiente, que determinará una escala variable de remuneración del trabajo según los precios y el rendimiento del capital.

Ambas partes obtendrán así lo que reclaman: el capital, una garantía de que no se producirán disturbios; el trabajo, la seguridad y el necesario sustento.

Todo el asunto constituye, en pequeña escala, una lección práctica de ese movimiento general, característico de nuestra época, que lleva del contrato libre al status, y del Estado capitalista al servil.

El menosprecio de antiguos principios, que se tachan de abstractos y doctrinarios; la necesidad inmediata de que ambas partes queden inmediatamente satisfechas; la consecuencia imprevista pero inevitable de que tales necesidades son satisfechas en tal forma: todos estos fenómenos, visibles en el régimen iniciado por la industria minera, representan las fuerzas típicas que dan origen al Estado servil.

Examínese la naturaleza de tal régimen en su aspecto más considerable.

El proletario acepta una posición en que produce para el capitalista un total determinado de valores económicos, y de ese total sólo retiene una parte, dejando al capitalista todo el valor excedente.

El capitalista, a su vez, ve garantizada contra todos los peligros de la envidia social su permanente y segura expectación de tales valores excedentes; mientras el proletariado ve garantizadas su diaria subsistencia y la seguridad de que no le faltará ésta en lo sucesivo; pero por efecto mismo de tal garantía, se ve despojado de la facultad de negarse a trabajar y de aspirar por ese medio a apropiarse de los medios de producción.

Esos planes dividen netamente a los ciudadanos en dos clases: los capitalistas y los proletarios, imposibilitan a los segundos para combatir la posición privilegiada de los primeros, introducen en la legislación positiva de la sociedad un reconocimiento de los hechos sociales que dividen ya a los ingleses en dos grupos —los económicamente libres y los económicamente menos libres— e imponen, con la autoridad del Estado, una nueva institución a la sociedad.

Se reconoce que ésta no consta ya de hombres libres que pactan libremente en materia de trabajo o en lo relativo a cualquier otro bien que se halla en su posesión, sino de dos status contrastantes: poseedores y desposeídos, A los primeros no se les debe permitir que dejen sin subsistencia a los segundos; y a éstos no se les debe permitir que obtengan el dominio de los medios de producción que constituye el privilegio de los primeros.

Es verdad que este primer experimento se ha realizado a título de ensayo y en pequeña escala; pero para juzgar el movimiento como un todo general, no sólo debemos considerar la expresión que ha tenido hasta ahora en la legislación positiva, sino también el estado de ánimo de nuestra época.

Cuando en el Parlamento se debatió este primer experimento de salario mínimo, ¿cuál fue el gran resultado que deparó el debate? ¿En qué insistieron particularmente los más fervientes reformadores? ¡No en que los mineros tuvieran abierto un camino que los llevara a la posesión de las minas; ni siquiera en que lo tuviera el Estado: sino en que el salario mínimo se fijara en determinado nivel satisfactorio!

Ése fue, como nos lo atestigua la experiencia reciente de todos nosotros, el punto central de la disputa. Pues bien, el hecho de que tal punto constituyera el centro de la disputa, vale decir, meramente la seguridad y la suficiencia del salario, y no la socialización de las minas, ni la admisión del proletariado a los medios de producción, es bastante significativo por lo que se refiere a las fuerzas, tal vez irresistibles, que se encaminan en la dirección que sostengo en este libro.

No hubo aquí intento alguno por parte del capitalista de imponer condiciones serviles, ni del proletario de resistirlas. Ambos estaban de acuerdo sobre este cambio fundamental. La discusión giró en torno del nivel mínimo de subsistencia que debía asegurarse, punto que hizo pasar por alto, pues se dio por supuesto, el establecimiento de algún mínimo en cualquier caso.

Obsérvese, además (pues tiene importancia para otra parte de mi razonamiento), que los experimentos de este orden prometen extenderse a pedacitos. A juzgar por los actos y las palabras de los hombres, no hay nada que se parezca a un plan general de implantación de un salario mínimo a toda la comunidad. Un plan de esa índole, sin duda, equivaldría tan genuinamente a una instauración del Estado servil como los planes fragmentarios. Pero, como lo veremos en seguida, la extensión del principio a pedacitos ejerce un efecto considerable sobre las formas que puede asumir la compulsión.

La negativa a trabajar del minero, con el pánico exagerado que causó, produjo esta primera aparición experimental del salario mínimo en nuestras leyes. Normalmente, el capital prefiere el trabajo libre, con, su margen de indigencia, pues esa anarquía, aunque efímera por naturaleza, mientras dura proporciona mano de obra barata; miradas las cosas desde el punto de vista más estricto, proporciona en las zonas del capitalismo donde todavía rige la competencia mayores probabilidades de ganancias.

Pero en cuanto un grupo tras otro de obreros que trabajan en actividades económicas inmediatamente necesarias a la vida de la nación, las cuales por tanto no toleran casi interrupción alguna, se van dando cuenta del poder que les confiere la unión, es inevitable que el legislador (enfrascado, como está, en la tarea de hallar remedios momentáneos a las dificultades que suscitan) vaya proponiendo sucesivamente para cada actividad económica el remedio de un salario mínimo.

Apenas cabe dudar de que el principio se extienda, sector por sector, a toda la economía. Por ejemplo, los dos millones y medio de individuos que están actualmente asegurados contra la desocupación pagan por tal seguro una determinada suma semanal. Esta suma debe guardar cierta relación con el salario que se calcula pueden ganar mientras trabajan.

No hay más que un paso del cálculo del subsidio por desocupación (por cuanto se lo fija por ley en un margen determinado, el cual margen depende de lo que se considera la justa remuneración del trabajo en la actividad correspondiente); no hay más que un paso, digo, de esto a la fijación por ley de las sumas que han de pagarse en concepto de salarios.

El Estado dice al siervo: “Me he preocupado de que usted reciba tanto cuando no tenga ocupación, y ahora veo que en algunos casos aislados mis providencias dan por resultado que reciba más cuando no tiene ocupación que cuando trabaja. Veo además que en muchos casos, aunque reciba usted más estando ocupado, la diferencia no es bastante como para tentar a un holgazán a que se ocupe o a que haga algo para buscar trabajo. Tengo que buscar un remedio a eso”.

El otorgamiento de una cantidad establecida durante el período de desocupación conduce así, inevitablemente, al estudio, a la determinación y en fin a la imposición de un salario mínimo durante el período de ocupación; y todo otorgamiento obligatorio de subsidios por desocupación resulta el germen de un salario mínimo.

De mayor peso aún es la mera presencia de la reglamentación estatal en este orden de asuntos. El hecho de que el Estado haya comenzado a recopilar estadísticas de salarios en estos amplios sectores de la industria, y no con finalidad meramente estadística, sino práctica, y el hecho de que el Estado haya comenzado a amalgamar la acción de la ley positiva y la coacción con el sistema anterior del libre contrato, significan que su influencia gravita totalmente hoy día en favor de la regulación.

No es un vaticinio precipitado sostener que en un futuro inmediato nuestra sociedad industrial verá extenderse gradualmente un sector de la industria en que aparecerá, sostenida desde dos lados, la fijación de los salarios por ley. Uno de ellos será el Estado, que examinará los regímenes de trabajo de acuerdo con sus propios planes para establecer la suficiencia y la seguridad mediante un sistema de seguros. El otro estará constituido por las razonables proposiciones formuladas de que se haga cumplir por los tribunales los contratos concluidos entre grupos de obreros y grupos de capitalistas.

Esto, pues, en cuanto se refiere al principio del salario mínimo. Se ha presentado ya en nuestras leyes. Es seguro que se propagará. Pero ¿cómo es que la presencia de esta introducción de un mínimo forma parte de la progresión hacia el Estado servil?

Dije que el principio del salario mínimo implica como término recíproco el principio del trabajo obligatorio. Y a decir verdad, la importancia mayor que el principio del salario mínimo tiene para esta indagación reside en esa necesidad recíproca que involucra del trabajo obligatorio.

Pero como la relación entre los dos puede no aparecer claramente a primera vista, debemos hacer algo más que darla por sentada. Debemos probarla por la vía del raciocinio.

Hay dos formas netas en que la política global de imponer por ley el derecho del proletariado a la seguridad y el necesario sustento puede deparar una política correspondiente de trabajo obligatorio.

La primera de tales formas es la compulsión que ejercerán los tribunales sobre una de las partes involucradas en el pago y el cobro del salario mínimo. La segunda es la necesidad en que se encontrará la sociedad misma, una vez que se acepte el principio del salario mínimo, anexo al principio de la seguridad y el necesario sustento, de fiscalizar a aquellos a quienes el salario mínimo excluye del área de ocupación normal.

En cuanto a la primera:

Un grupo proletario ha celebrado un convenio con un grupo de capitalistas a fin de producir para éstos diez unidades de valor en un año; está conforme en recibir seis unidades de valor en pago, y deja cuatro unidades a los capitalistas en concepto de valor excedente. Se ratifica el convenio; los tribunales tienen facultades para exigir su cumplimiento.

Si los capitalistas, mediante alguna artimaña de multas o quebrantando groseramente su palabra, pagan en concepto de salarios menos de las seis unidades, los tribunales tienen que disponer de algún poder para constreñirlos. En otros términos, tiene que haber alguna sanción anexa a la prescripción legal. Tiene que haber alguna facultad de castigar y, mediante el castigo, de compeler.

Recíprocamente, si los servidores quebrantan el convenio y retiran su palabra; si algunos individuos o grupos entre ellos dejan de trabajar con la nueva exigencia de siete unidades en vez de seis, los tribunales tienen que disponer de algún poder para constreñirlos y castigarlos.

Si el convenio fuera por un plazo efímero o, de cualquier modo, rigiera solamente durante un término razonable, sería tal vez exagerado decir que cada caso particular de coacción ejercida contra los obreros es un caso de trabajo obligatorio. Pero prolónguese el sistema por un largo período de años, hágase que la industria lo adopte, como algo normal y que sea admitido a manera de hábito en la concepción habitual que tienen los hombres del modo cómo debe encuadrarse su vida, y el asunto se transformará inmediatamente en un sistema de trabajo obligatorio.

Esto ocurrirá evidentemente en las actividades económicas en que los salarios fluctúan poco. “Vosotros, los trabajadores agrarios de este distrito, habéis cobrado quince chelines por semana durante un tiempo muy largo. Y las cosas marcharon perfectamente. No se ve por qué habríais de cobrar más. Y no es eso todo. Vosotros, por intermedio de vuestros delegados, jurasteis en el año tal y cual que considerabais esa suma como suficiente. Ahora tales y cuales de vuestros miembros se niegan a cumplir con lo que este tribunal considera un contrato. Si no se atienen de nuevo a las estipulaciones del mismo, tendrán que sufrir las consecuencias.”

Recuérdese qué dominio ejerce la analogía en la mente humana y cómo los sistemas de esta clase, cuando se extienden a varios sectores económicos, tienden a suscitar un punto de vista general válido para todos. Recuérdese también cómo una amenaza relativamente leve basta ya para dominar a los hombres en nuestra sociedad industrial, cuya masa proletaria se ha acostumbrado a vivir semana tras semana bajo el peligro del despido, y se ha vuelto sumisa y dispuesta ante la amenaza de la menor reducción de los salarios, de esos salarios que apenas le alcanzan justamente para subsistir.

Pero tampoco el hecho de que los tribunales impongan el cumplimiento de tales contratos o cuasi contratos (según cómo fueren interpretados) constituye el único móvil.

Un hombre ha sido compelido por la ley a deducir determinadas sumas de sus salarios en concepto de seguro contra la desocupación. Pero ha dejado ya de ser el que decide acerca del modo cómo se emplearán las mismas. No están en poder suyo; ni siquiera en el de alguna sociedad que pueda él fiscalizar realmente. Están en poder de un funcionario del gobierno.

“Aquí hay un trabajo para usted a veinticinco chelines semanales. Si no lo acepta, perderá indefectiblemente todo derecho al dinero que fue obligado a deducir. Si lo acepta, esa suma seguirá a su disposición, y cuando otra vez su desocupación no se deba, a mi ver, a su renitencia y negativa a trabajar, le permitiré recibir una parte de su dinero; de otro modo, no.”

De consuno con este mecanismo de compulsión marcha todo ese cúmulo de registraciones y fichas personales que se está formando en virtud del empleo de las Bolsas de Trabajo. No solamente tendrá facultad el funcionario para hacer cumplir los contratos particulares, o para constreñir a los individuos a trabajar bajo pena de multa, sino que también dispondrá de una serie de prontuarios mediante los cuales podrá observar los antecedentes de cada obrero. Nadie podrá escapar, una vez registrado y prontuariado en esa forma; y, por la naturaleza misma del sistema, el número de los cogidos en la red tendrá que crecer constantemente hasta que la masa entera de los trabajadores esté planificada y regulada.

Muy poderosos instrumentos de compulsión son éstos, ciertamente. Y ya están en vigor; ya integran nuestra legislación positiva.

Por último, tenemos el azote notorio del “arbitraje obligatorio“: un azote tan notorio, que subleva inclusive a nuestro proletariado. Ciertamente, no sé de ningún país civilizado de Europa que haya cedido a una sugestión tan grosera. Pues constituye una, admisión franca de la servidumbre total y definitiva, tal como los hombres de nuestra cultura no se hallan aún preparados para tragar.

¡Sin embargo, van ya dos veces que, siguiendo la vía reglamentaria, entró como proyecto de ley en el parlamento!

Esto, pues, por lo que se refiere al primer argumento y la primera forma en que se comprueba que el trabajo obligatorio es una consecuencia directa y necesaria del hecho de haberse establecido un salario mínimo y haberse catalogado el trabajo de acuerdo con una escala.

La segunda es igualmente clara. En la producción del trigo, el hombre sano y diestro que puede producir diez medidas de trigo está obligado a trabajar por seis medidas, y el capitalista está obligado a contentarse con cuatro. La ley lo castigará si trata de sustraerse a su obligación legal y pagar a sus obreros menos de seis medidas en el año.

¿Y qué diremos del hombre que carezca de la fuerza o destreza suficiente para producir siquiera seis medidas? ¿Será constreñido el capitalista a pagarle un valor mayor que el que puede producir? No, con toda seguridad.

La estructura íntegra de la producción, tal como fue erigida durante la etapa capitalista de nuestra industria, permaneció intacta en medio de las nuevas leyes y costumbres. La ganancia sigue siendo una necesidad. Si se la destruyera, más aún, si la ley impusiera una pérdida, tal cosa se hallaría en contradicción con el espíritu íntegro que inspiró todas estas reformas, las cuales se emprendieron con el objeto de implantar la estabilidad donde hoy impera la inestabilidad y de “conciliar”, como dice la irónica frase, “los intereses del capital y del trabajo”.

Sería imposible obligar al capital a que tenga pérdidas por causa de un hombre que no merece ni el salario mínimo sin que se produzca una ruina general. ¿Cómo se eliminará ese elemento de inseguridad y de inestabilidad? Sostener al hombre gratuitamente, porque no puede ganar un salario mínimo, cuando todo el resto de la sociedad trabaja a cambio de un salario garantizado, significa otorgar un premio a la incapacidad y la pereza. Al hombre debe habilitárselo para trabajar. Debe enseñársele, si es posible, a producir los valores económicos considerados como nivel mínimo de subsistencia. Debe ser mantenido en el correspondiente trabajo aun cuando no produzca el mínimo, a fin de que su presencia, como trabajador libre, no ponga en peligro el plan integral del salario mínimo ni introduzca al mismo tiempo un factor continuo de inestabilidad. De aquí que esté sujeto necesariamente al trabajo forzado.

Todavía no tenemos en este país, establecido con fuerza de ley, el derecho a ejercer esta forma de compulsión, pero es una consecuencia inevitable de aquellas otras reformas que acaban de ser analizadas. La “Colonia de Trabajo” (una prisión, llamada así porque los eufemismos son necesarios en toda transición) se fundará para absorber este sobrante, y, como última forma de compulsión, coronará el edificio de tales reformas. Éstas serán completadas luego, en lo que se refiere a las clases sometidas, y aunque esta institución particular de la “Colonia de Trabajo” (lógicamente, la última de todas) preceda en el tiempo a otras formas de compulsión, hará también más seguro, fácil y rápido su advenimiento.

Queda por hacer una última observación respecto a la faz concreta de mi tema.

En este capítulo final, he ilustrado la tendencia hacia el Estado servil mediante las leyes y proyectos reales con que hoy se encuentran familiarizados todos en la sociedad industrial inglesa, y he mostrado en qué forma están esas leyes y proyectos estableciendo indefectiblemente al proletariado en un status servil, nuevo para él, mas también satisfactorio.

Queda por subrayar, en muy pocas líneas, la verdad complementaria de que lo que debería ser la esencia misma de la Reforma Colectivista, o sea, la transferencia de los medios de producción de manos de los propietarios particulares a las de funcionarios públicos, no se tiene en mira en ninguna parte. Al contrario, todos los experimentos llamados “socialistas” en materia de municipalización y nacionalización no hacen más que acrecentar la subordinación de la comunidad a la clase capitalista. Para probarlo, basta con observar que cada uno de estos experimentos se lleva a cabo mediante un empréstito.

Ahora bien, ¿qué significan en la realidad económica estos empréstitos municipales y nacionales emitidos con el objeto de adquirir algunos pequeños sectores de los medios de producción?

Determinados capitalistas poseen cierto número de rieles, vagones, etc. Hacen trabajar con estos elementos a algunos proletarios, y el resultado es una suma de valores económicos. Supóngase que los valores excedentes que tienen los capitalistas, después de proveerse a la subsistencia de los proletarios, asciendan a 10.000 libras al año. Todos nosotros sabemos cómo se “municipaliza” un servicio de esta clase. Se emite un “empréstito”, que devenga “interés”, y a cuyo pago se hace frente mediante un “fondo de amortización”.

Ahora bien, este empréstito no se ha efectuado en realidad en dinero, por más que sus condiciones estén expresadas en dinero. Al cabo de una larga serie de cambios, no se ha producido otra cosa que un préstamo de los vagones, los rieles, etc., hecho por los capitalistas a la municipalidad. Y además, los capitalistas exigen, antes de aceptar el negocio, una garantía de que sus antiguas ganancias les serán pagadas íntegramente, amén de otra suma anual, que al cabo de cierto número de años representará el valor originario de la empresa cuando fue transferida.

Estas sumas adicionales reciben el nombre de “fondo de amortización”, y los antiguos valores excedentes cuyo pago se continúa, el de “interés”.

En teoría, pueden adquirirse de esta manera algunos pequeños sectores de los medios de producción. Tales sectores habrían sido entonces “socializados”. El “Fondo de Amortización” (vale decir, el pago a plazos de las instalaciones compradas a los capitalistas) podría cubrirse tomando los recursos del producido de los impuestos generales que paga la comunidad, en consideración a su magnitud si se lo compara con cualquier otro experimento de esa índole.

En cuanto a los “intereses”, pueden cubrirse con las ganancias reales que se obtengan mediante una buena administración de los tranvías. Al término de un número determinado de años, la comunidad será dueña de los tranvías, dejará de ser explotada en este sector por el capitalismo, habrá comprado la parte del capitalismo con sus rentas comunes, y habrá llevado a cabo un pequeño acto de “socialización”, en la medida en que el dinero pagado por la operación haya sido gastado y no guardado o invertido nuevamente por los capitalistas.

Tres circunstancias se oponen inclusive a estos minúsculos experimentos de expropiación: el hecho de que los materiales son vendidos siempre a un valor mucho mayor que el verdadero; el hecho de que la compra incluye cosas improductivas; y el hecho de que el préstamo marcha mucho más rápidamente que el reembolso. Estos tres, factores adversos no tienen en la práctica otra consecuencia que remachar más aún el dominio del capitalismo sobre el cuerpo del Estado.

Pues, ¿qué es lo que se paga cuando se expropia un tranvía, pongamos por caso? ¿Nada más que el capital verdadero, las instalaciones reales, aunque sea a un precio exagerado? ¡Nada de eso! Al margen y por encima de los rieles y vagones, están todas las comisiones abonadas, todas las comidas con champaña, todos los honorarios de los abogados, todas las compensaciones a esta y a aquella persona, todas las “coimas”.

Y falta todavía. Los tranvías constituyen una inversión productiva. ¿Qué diremos de los parques de recreo, los lavaderos, los baños, las bibliotecas, los monumentos, etcétera? La mayor parte de estas cosas provienen de “empréstitos”. Cuando se levanta una institución pública, se toman prestados a los capitalistas los ladrillos, la argamasa, el hierro, la madera y las tejas, y se contrae el compromiso de pagar intereses y aportar un fondo de amortización, exactamente como si el edificio de una municipalidad o un baño público perteneciesen al orden de las maquinarias que reproducen el capital invertido en ellas.

Debe agregarse a esto el hecho de que una proporción considerable de las adquisiciones constituyen un fracaso, por tratarse de elementos a punto de ser desalojados por alguna invención nueva; y como remate de todo el negocio, tenemos el hecho de que el préstamo marcha mucho más rápidamente que el reembolso.

En suma, todos estos experimentos, municipales y nacionales, realizados en toda Europa durante la generación pasada, tuvieron por consecuencia un endeudamiento creciente al capital, a un ritmo equivalente al doble, aunque sin llegar al triple, del coeficiente de reembolso. El interés que el capital exige, con una indiferencia absoluta por lo que respecta a la productividad o improductividad del préstamo, asciende a bastante más del 1 y 1/2 por ciento en exceso sobre el producido de los diversos experimentos, aun contando los más lucrativos y afortunados, como ser, los ferrocarriles estatales de varias naciones y las empresas municipales de muchas ciudades modernas, que se desarrollan en plena prosperidad.

El capitalismo procedió, de modo de salir ganando y no perdiendo con esta forma de pseudo socialismo, tal como con cualquier otra. Y las mismas fuerzas que en la práctica impiden la confiscación proceden de modo que el intento de encubrir la confiscación mediante la expropiación no sólo fracase, sino también se vuelva contra los que no tuvieron el valor de atacar de frente al privilegio.

Con estos ejemplos concretos que muestran cómo el colectivismo, al intentar llevarse a efecto, no logra sino robustecer la posición capitalista y cómo nuestras leyes han comenzado ya a imponer el status servil al proletariado, cierro la tesis dialéctica de mi libro.

Creo haber probado mi aserción.

El futuro de la sociedad industrial, y en particular de la sociedad británica, si se lo deja librado a su propia dirección, es un futuro en que el proletariado tendrá garantizadas la subsistencia y la seguridad, pero garantizadas a expensas de la anterior libertad política y mediante la instauración de ese proletariado en un status, aunque no nominalmente, de hecho servil.

Al mismo tiempo, los poseedores tendrán garantizadas sus ganancias; el mecanismo entero de la producción, la regularidad de su funcionamiento; y aquella estabilidad que se había perdido durante la etapa capitalista de la sociedad volverá a regir una vez más.

Las tensiones internas que amenazaron a la sociedad durante la etapa capitalista irán relajándose y desaparecerán, y la comunidad se asentará en aquel principio servil que fue su fundamento antes de la llegada de la fe cristiana, principio del cual esta fe la emancipó lentamente, y al cual vuelve naturalmente con la decadencia de ésta.

Primera entrega

Segunda entrega

Tercer entrega

Cuarta entrega

Quinta entrega

Sexta entrega

Séptima entrega

Octava entrega

Novena entrega

Décima entrega