NO MATARÁS

ESPECIALES DE RADIO CRISTIANDAD

 

Sobre la pena de muerte

Décimo octava entrega

 

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A continuación, y como complemento de los especiales sobre la pena de muerte, transcribimos el libro del Padre David Núñez:

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Continuación:

LA PENA DE MUERTE

Frente a la Iglesia y al Estado

BUENOS AIRES 1956

SEGUNDA PARTE

ARGUMENTOS PRESENTADOS CONTRA LA PENA DE MUERTE

CAPÍTULO II

ARGUMENTOS QUE SE REFIEREN A LA JUSTICIA Y LEGITIMIDAD DE LA PENA CAPITAL

ARTÍCULO I

EL ESTADO, COMO SOBERANO, NO PUEDE IMPONER LA PENA DE MUERTE

210. — Argumento de Beccaria. Dice así:

“La soberanía y las leyes no son más que la suma de las pequeñas porciones de libertad que cada uno ha cedido a la sociedad. Representan la voluntad general, resultando de la unión de las voluntades particulares.

“¿Pero quién ha querido jamás dar a otros hombres el derecho a quitarle la vida? ¿Se debe suponer que en el sacrificio que cada uno hace de una pequeña parte de su libertad haya podido arriesgar su existencia, el más precioso de todos los bienes? Si así fuera, ¿cómo conformar este principio con la máxima que prohíbe el suicidio? O el hombre tiene derecho a matarse a sí mismo, o no puede ceder este derecho a otro ni a la sociedad entera.” (72)

211. — Repuesta.

Para que se vea más claro la flojedad del argumento, suprimiendo toda retórica, se reduce a lo siguiente: “La potestad civil proviene del conjunto de los derechos de cada ciudadano, los cuales reúnen cierta parte de esos sus derechos en una especie de suma, para constituir la autoridad social.”

Ahora bien, como nadie tiene derecho a matarse a sí mismo, nadie puede comunicar a la Autoridad sobre la propia vida un derecho que no tiene.

212. — Perfectamente. Pero nótese que, como dicen los filósofos, ex falso sequitur quodlibet, de lo falso puede seguirse cualquier cosa; y esto es precisamente lo que acontece a Beccaria, a saber, que toma como base de su argumento el principio arbitrario y falsísimo de Rousseau sobre el origen de la Autoridad, de que ésta no viene directa o indirectamente de Dios, sino de los ciudadanos asociados.

213. — Este principio, fuera de ser absolutamente falso, como dijimos (73) y conducir a consecuencias absurdas e impías, si bien fue admitido cuando se propuso, simplemente por la veleidad de tantos como irracionalmente siguen siempre lo que está de moda y porque favorecía no poco a las tendencias individuales y revolucionarias de la contemporáneos del autor del “Contrato Social” y partidarios suyos, tales como Hobbes, Pufendorf, Locke, etc., previeron su inconstancia y trataron, anticipadamente a Beccaria, de resolverlo.

214. — Así pues, la fuerza moral o derecho de la Autoridad a castigar con la pena de muerte o con cualquier otra pena, no proviene del derecho que cada ciudadano le ha cedido, sino de la naturaleza del orden social, que exige proporción entre el delito y la pena, y el triunfo de la honradez y moralidad contra la audacia de los criminales. Todo lo cual reclama, como tantas veces he dicho, la pena de muerte.

215. — Pero aparte de esta respuesta, he aquí otra que tampoco tiene vuelta de hoja, y que iremos aplicando a todos o casi todos los argumentos de los adversarios de la pena de muerte, y es que, si el argumento presentado probase algo, probaría demasiado, y por consiguiente no prueba nada.

Digo que probaría demasiado, porque si la Autoridad no puede imponer a los ciudadanos la pena de muerte porque éstos no le han concedido el derecho de hacerlo, tampoco podría imponerles ninguna otra pena. Y si no, que me digan a ver, por ejemplo: ¿qué ladrón ha concedido a la autoridad el derecho de deslomarlo a estacazos, o qué asesino el que le condenen a cadena perpetua o a trabajos forzados, y a este tenor todos los otros malhechores para cualquier clase de penas que merezcan?

Luego, finalmente, una de dos; o el argumento no prueba nada contra la pena de muerte, o prueba por igual contra todas las otras penas.

Esto no lo admiten los adversarios; luego tampoco nosotros podemos admitir lo otro.

216. — El fundamento de los adversarios que presentaban contra la pena de muerte en la dificultad precedente, provenía de no reconocer que el derecho de castigar viene de Dios; empero hay adversarios que, como Ellero, Carrara y otros, reconocen a Dios como la verdadera y única fuente de Derecho, y sin embargo niegan que la Autoridad pueda imponer la pena de muerte; porque siendo en sí misma inmoral e injusta es imposible que Dios, fuente de todo bien rectitud y justicia haya dado ni pueda dar semejante poder a la Autoridad (74).

217. — Es evidente que, si la pena de muerte fuera inmoral e injusta, como juzgan Ellero y Carrara, Dios no podría autorizarla; pero el caso es que, lejos de ser como ellos piensan, es, a veces, absolutamente necesaria para la conservación del orden social, como hemos probado en toda la primera parte. Véanse n. 25-46, 76 y 180.

218. — El célebre tratadista de Derecho natural, E. Ahrens, combate la pena de muerte partiendo del mismo principio que Ellero, a saber, estableciendo que el Estado no tiene poder para imponerla por razón de ser, sino intrínsecamente, por lo menos extrínsecamente mala, en cuanto que el Estado no tiene poder sobre la vida, que el hombre ha recibido inmediatamente de Dios.

219. — Además arguye así: matar a un hombre es malo. Si pues fuera lícito a la Autoridad matar a uno por haber hecho un mal a la sociedad, podría y aun debería admitirse el principio de que es lícito hacer mal a otro porque éste también lo hizo; lo cual es evidentemente absurdísimo.

220. — Repuesta.

En cuanto a la primera objeción del n. 218 ya está respondido en el número 217. Además, el argumento también prueba demasiado, y por tanto no prueba nada. Porque si por haber recibido el hombre inmediatamente de Dios el Derecho a la vida, el Estado no tuviera poder moral para quitársela cuando se hace indigno de ella; tampoco podría quitársele ninguno de los otros bienes que tienen el mismo origen, por ejemplo, la libertad, por la prisión; la riqueza, por las multas, etc. Y así las penas habrían de quedar reducidas a la privación de los derechos políticos, que son los únicos que no provienen directamente de Dios, sino del Estado; lo cual es absolutamente inadmisible.

221. — En cuanto a la segunda, también está respondida ya en los números ha poco citados, y en los números 42 y 84, pero no estará demás responder aquí de nuevo directamente.

Es malo matar a un hombre:

– por autoridad privada, excepto el caso de justa defensa propia o ajena, concedido;

– por autoridad pública, se niega absolutamente; de otra suerte también serían ilícitas todas las guerras, lo cual ciertamente no concede Ahrens ni ningún hombre de sano juicio.

Y en cuanto a la última consecuencia de que no es lícito hacer mal porque otro lo hizo, hay que responder distinguiendo:

– no es lícito hacer a otro un mal moral porque él hizo un mal sea moral, sea físico, concedo;

– no es lícito hacer a otro un mal físico porque él hizo un mal físico o moral, subdistingo:

– no es lícito siempre, pase;

– cuando sea necesario, niego; de lo contrario no sólo la pena de muerte sería ilícita, sino todas las otras.

NOTAS

(72) Beccaria: De los delitos y penas, c. 28, pág. 17 y sig.

(73) Véase cualquier autor católico sobre este punto importante de derecho natural, por ejemplo, Mendive, Ética, pág. 285 y sig., n. 268, Valladolid 1887; Ferreti, Institutiones philosophicae morales, vol. 3º, thesis 133 y sig., etc.

(74) Pedro Ellero, Sobre la pena de muerte, pág. 26.

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