LA DOCTRINA DE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO FRENTE AL LAICISMO (2 de 5)

Primera Parte Aquí

Por el P. Juan Carlos Ceriani

Cristo Rey[4]

C: Principios de la política cristiana

El Estado está unido a la Iglesia, pero es distinto de ésta. La Iglesia católica siempre ha mantenido esta fórmula.

Solamente Ella distinguió las dos potestades haciéndolas residir en sujetos distintos, pero sin aislarlas y sin nivelarlas por igual, sino concertándolas según la jerarquía de sus fines para que el superior tuviese sometido al inferior en todo lo que su cumplimiento exige, pero no en lo demás, porque no lo exige todo. Si así no fuera, sobraría el Estado y no habría relaciones entre él y la Iglesia, pues no quedaría más que un término.

Para esclarecer la obscuridad sembrada por el enemigo de la naturaleza humana y para sentar las bases de la restauración enunciemos ahora los principios de la política cristiana.

La fórmula católica que rige las relaciones del Poder Espiritual con el Poder Temporal se enuncia así: “Ni confusión, ni separación, sino distinción y unión por subordinación del inferior al superior.”

Esta fórmula reposa sobre el principio supremo de la política católica, que Santo Tomás presenta de este modo: “El derecho divino que viene de la gracia no destruye el derecho humano que viene de la razón natural”.

La gracia no destruye la naturaleza, antes bien, la purifica, la rectifica, la fortalece y la sobreeleva.

Siendo la Iglesia de derecho divino y siendo las diferentes formas de la sociedad civil de derecho humano, la Iglesia y la Polis han de estar entre sí, al mismo tiempo diferenciadas y ordenadas, como lo están la naturaleza y la gracia.

De este postulado supremo se siguen los principios de la política cristiana.

El estatuto de la Iglesia con relación a la sociedad civil es el objeto de una ciencia eclesiástica especial: el derecho público de la Iglesia.

Los principios del derecho público de la Iglesia son verdades de fe o deducidos de la fe. Son los siguientes:

1) Distinción de la Iglesia y el Estado.

2) Unión entre la Iglesia y el Estado.

3) Independencia de la Iglesia.

4) Jurisdicción indirecta de la Iglesia sobre lo temporal.

5) Subordinación indirecta de lo temporal a lo espiritual.

6) Función ministerial del Estado respecto de la Iglesia.

7) Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo.

1) Distinción de la Iglesia y el Estado

El Estado, que tiene por objeto directo el bien común temporal, es también una sociedad perfecta, distinta de la Iglesia y soberana en su ámbito.

Esta distinción es lo que Pío XII llama “La laicidad legítima y sana del Estado” (Alocución a los habitantes de Marcas, 23 de marzo de 1958), que no tiene nada que ver con el laicismo, que es un error condenado.

¡Atención!, pues, ¡no pasar de una al otro! (Ver más abajo, Carta de Juan Pablo II a la Conferencia Episcopal Francesa).

León XIII expresa bien la distinción necesaria de las dos sociedades:

“Dios dividió el gobierno del género humano entre dos potestades: la potestad eclesiástica y la potestad civil; aquélla destinada a las cosas divinas, ésta a las cosas humanas. Cada una de ellas en su género es soberana; cada una está contenida en límites perfectamente determinados y trazados en conformidad con su naturaleza y con su objeto especial. Hay pues como una esfera circunscrita, en la cual cada una ejerce su acción jure proprio”.

2) Unión entre la Iglesia y el Estado

Distinción no significa separación. ¿Cómo se ignorarían las dos potestades puesto que se ejercen sobre los mismos sujetos y a menudo también legislan sobre las mismas materias: matrimonio, familia, educación, etc.?

Sería inconcebible que se opusiesen, cuando, por el contrario, su unanimidad de acción se requiere para el bien de los hombres.

El conflicto en esta ocurrencia sería absurdo, explica León XIII, y repugnaría abiertamente a la infinita sabiduría: “es necesario pues que haya un medio, un método para hacer desaparecer las causas de conflictos y luchas y establecer el acuerdo en la práctica. Y este acuerdo existe, y no es sin razón que se lo ha comparado a la unión que existe entre el alma y el cuerpo, y eso para la mayor ventaja de las dos partes, ya que la separación es especialmente desastrosa al cuerpo, puesto que ella lo priva de la vida. La Iglesia sin el Estado es un alma sin cuerpo. El Estado sin la Iglesia es un cuerpo sin alma” (León XIII, Libertas).

3) Independencia de la Iglesia

La Iglesia, que tiene por objeto la salvación sobrenatural de las almas, es una sociedad perfecta, dotada por su divino fundador de todos los medios para subsistir por sí misma de manera estable e independiente.

Nunca la Iglesia aceptará el principio del derecho común, nunca admitirá reducirse al simple derecho común de todas las asociaciones legales en la sociedad civil, que deben recibir del Estado su autorización y sus límites.

Por lo tanto, la Iglesia tiene el derecho nativo de adquirir, de poseer y de administrar, libre e independientemente del poder civil, los bienes temporales necesarios para su misión: iglesias, seminarios, obispados, monasterios, beneficios, y de ser libre de todos impuestos civiles. Tiene derecho a tener sus escuelas y sus hospitales, en sí independientes de toda intromisión del Estado. Tiene sus propios tribunales eclesiásticos para juzgar asuntos relativos a las personas de los clérigos y los bienes de Iglesia, con exclusión de los tribunales civiles (Privilegio del fuero) etc.

En resumen, la Iglesia reivindica la soberanía y la independencia por el mismo título que su misión.

4) Jurisdicción indirecta de la Iglesia sobre lo temporal

Es decir que en las cuestiones mixtas, la Iglesia, habida cuenta de la superioridad de su fin, tendrá la supremacía: “Así, todo lo que en las cosas humanas es sagrado, todo lo que afecta a la salvación de las almas y al culto de Dios, sea por su naturaleza, sea en relación a su fin, todo eso incumbe a la autoridad de la Iglesia”.

Es decir, el régimen de unión y de armonía entre la Iglesia y el Estado supone un orden, una jerarquía; por lo tanto, una jurisdicción indirecta de la Iglesia sobre lo temporal, un derecho indirecto de intervención de la Iglesia en las cosas temporales que incumben normalmente al Estado.

La Iglesia interviene allí “racione peccati”, debido al pecado y en razón de las almas que deben salvarse, para retomar la expresión del papa Bonifacio VIII (véase, Dz 468, nota).

5) Subordinación indirecta de lo temporal a lo espiritual

Recíprocamente, lo temporal se supedita indirectamente a lo espiritual.

Este principio es de fe, o al menos de una certeza teológica, que funda el derecho público de la Iglesia.

El hombre, en efecto, está destinado a la bienaventuranza eterna, y los bienes de la vida presente, los bienes temporales, están allí para ayudarle a alcanzar este fin: incluso si no existe proporción, están ordenados indirectamente a ella.

El bien común temporal, que es el fin del Estado, exige facilitar a los ciudadanos el acceso a la bienaventuranza celestial. De otro modo, sería un bien aparente e ilusorio.

6) Función ministerial del Estado respecto de la Iglesia

“La sociedad civil debe, favoreciendo la prosperidad pública, proveer al bien de los ciudadanos de manera, no solamente de no poner ningún obstáculo, sino de garantizar todas las facilidades posibles a la adquisición de este bien supremo e inmutable al cual aspiran”.

“La función real, dice  Santo Tomás, debe procurar la vida buena de la multitud, conforme a lo que es necesario para obtener la bienaventuranza celestial; es decir debe prescribir (en su orden que es el temporal) lo que a ella conduce y, dentro de lo que cabe, prohibir lo que le es contrario”.

Por lo tanto, el Estado tiene respecto de la Iglesia una función ministerial, un papel de asistente: al mismo tiempo que persigue su fin, el Estado debe ayudar positivamente, aunque indirectamente, a la Iglesia para que alcance su fin, es decir, salvar las almas.

Esta doctrina constante de la Iglesia a través de los siglos merece la nota de doctrina catholica, y es necesaria toda la mala fe de los liberales para relegarla en el oscurantismo de un tiempo pasado.

Según el modo de ver liberal, ella valía para “las monarquías sacras” de la Edad Media, pero no vale ya para los “Estados democráticos constitucionales modernos”.

Tontería, en verdad, ya que esta doctrina, deducida de la Revelación y de los principios del orden natural, es tan inmutable e intemporal como la naturaleza del bien común y la divina constitución de la Iglesia.

En apoyo de su desastrosa tesis de la separación de la Iglesia y del Estado, los liberales de ayer y de hoy citan de buen grado esta frase de Nuestro Señor: “Dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es a Dios” (Mt 22, 21); ¡pero omiten simplemente decir lo que el César debe a Dios!

7) Realeza Social de Nuestro Señor Jesucristo

El último principio, que resume todo el derecho público de la Iglesia, es una verdad de fe: Jesucristo, verdadero Dios y verdadero Hombre, Rey de reyes, y Señor de señores, debe reinar no menos sobre las sociedades que sobre los individuos: la Redención de las almas se prolonga necesariamente por la sumisión de los Estados y de sus leyes al yugo suave y leve de la ley del Cristo.

No solamente, como dice León XIII, el Estado debe “hacer respetar las santas e inviolables observancias de la religión, cuyos deberes unen al hombre con Dios”; sino que la legislación civil debe dejarse impregnar por la ley de Dios (el decálogo) y por la ley evangélica, para ser, en su ámbito, que es el orden temporal, un instrumento de la obra de la Redención llevada a cabo por Nuestro Señor Jesucristo. Es eso, esencialmente, la realización del Reino social de Nuestro Señor Jesucristo.

Esta doctrina se expone con una limpidez y una fuerza admirable en la espléndida Encíclica de Pío XI Quas primas, sobre los derechos sociales de Nuestro Señor Jesucristo.

Relean esta frase que aplasta definitivamente el laicismo del Estado:

“Los Estados, a su vez, aprenderán por la celebración anual de esta fiesta que los gobernadores y los magistrados tienen la obligación, así como los particulares, de dar a Cristo un culto público y de obedecer a sus leyes. Los jefes de la sociedad civil se acordarán, por su parte, del juicio final, donde Jesucristo acusará al que lo expulsó de la vida pública, y también a los que los dejaron desdeñosamente de lado o ignorado, y tomará de similares ofensas la más terrible venganza; ya que su dignidad real exige que todo el Estado se regule según los mandamientos de Dios y los principios cristianos en el establecimiento de las leyes, en la administración de la justicia, en la formación intelectual y moral de juventud, que debe respetar la sana doctrina y la pureza de las costumbres”.

Acerca de Fabian Vazquez

La Voz de la Tradición Católica, con la Verdad aunque duela.

Un pensamiento en “LA DOCTRINA DE LAS RELACIONES ENTRE LA IGLESIA Y EL ESTADO FRENTE AL LAICISMO (2 de 5)

  1. Una persona u organización, al actuar, siempre tiene que tener la jerarquía de objetivos, por la que se guía, en mente, aunque su labor sea algo concreto y material (pongo por ejemplo una ama de casa que sencillamente lava la loza; un dermatólogo que trata un problema de piel, no podrá hacerlo, por ejemplo sin tener en cuenta el conjunto, etc.). Y así el Estado tampoco puede prescindir de esta jerarquía de objetivos en su labor. Así como si el ama de casa que no se rige por una jerarquía de valores, no obtendrá una óptima organización de su hogar, ni siquiera en asuntos temporales, así tampoco el Estado, lograría bien común alguno, sin ello.
    Una familia, ejemplo de estructura básica de la sociedad, tiene que encaminarse al bien real e integral de todos los integrantes, no sólo al bien material. Resulta que si uno olvida el objetivo de la salvación de las almas, o el bien integral de cada persona (el bien temporal no incluye sólo el bien material), no logra tampoco unos bienes temporales adecuados. “Buscad el Reino de Dios y Su Justicia, y todo lo demás se os dará por añadidura”, dice Jesús.
    El Estado, en su labor, si actúa legítimamente, no puede prescindir de encaminarse al bien íntegral de cada persona, lo cual, si es real, ya encaminará a la salvación de sus almas, y a colaborar en la obra redentora de la humanidad.
    Cada persona, incluyendo las que componen el gobierno del Estado, se beneficiará de anteponer hacer el bien real de la humanidad, a sus particulares intereses superficiales. Un gobierno que se dirige a sus particulares intereses o intereses creados, es ilegítimo. Si uno sólo se rige por el bien material de alguien, como último objetivo, no depura la propia intención, y resulta que no consigue ni siquiera bienes temporales reales. “El que quiera ganar su vida, la perderá”, dice El Señor. Además si uno no tiene en mente la jerarquía de objetivos es fácilmente manipulado y engañado y así aceptará como solución de pequeños problemas, algo que realmente causa muchos mayores problemas a las personas, y a la sociedad en su conjunto, que es malo en sí mismo, y que no respeta los derechos fundamentales de las personas (y que sólo satisface superficialmente a los intereses creados, no estando encaminado a resolver problema alguno, sino a lograr alguna medida abusiva con alguna pretendida justificación engañosa).

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